Al realizar un balance de su gestión ante la Asamblea Nacional (Parlamento), el fiscal general Tarek William Saab precisó que por tales hechos se han solicitado hasta la fecha 59 órdenes de aprehensión.
Asimismo, las autoridades venezolanas practicado 21 allanamientos, 15 incautaciones y se han solicitado 258 bloqueos e inmovilizaciones de cuentas bancarias de individuos vinculados a estos delitos.
Saab recordó que el pretendido gobierno interino de Guaidó incurrió en hechos como la designación írrita de embajadores y de un inexistente procurador general de la República, además de miembros de juntas administrativas ad hoc de diversas instituciones estatales y compañías venezolanas en el exterior.
Reiteró además la participación de este sector político en el bloqueo y apropiación ilegal de activos de Venezuela en el extranjero, valorados en miles de millones de dólares, tales como la empresa petrolera Citgo (Estados Unidos), la petroquímica Monómeros (Colombia) y las reservas de oro en el Banco de Inglaterra.
“Detrás de un discurso político digitado desde los centros de poder mundial, se constituyó esta organización delictiva que ha robado bienes de la República y ha malversado ayuda humanitaria”, denunció Saab ante el órgano legislativo.
El fiscal general indicó que el falso gobierno interino de Juan Guaidó trabajó de la mano con países hostiles para perjudicar a todos los venezolanos, además de colaborar con grupos terroristas y organizar golpes de estado, invasiones mercenarias e intentos de magnicidio, aseveró.
El alto funcionario manifestó además que la derrota de los planes de este sector de la oposición significó un nuevo resurgir de la política, el debate y el establecimiento de nuevos espacios de negociación que han impactado a toda la población de Venezuela.
En enero de 2019 el entonces presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, se autoproclamó mandatario encargado de la nación, con apoyo inmediato de la administración estadounidense de Donald Trump (2017-2021) y varios de sus socios internacionales.
Este acto de usurpación, percibido en Caracas como un intento de golpe de Estado de carácter continuado, abrió las puertas al recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales implementadas por Washington y sus aliados como parte de la estrategia para un cambio de régimen en el país sudamericano.
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