De acuerdo con los activistas, la compañía ejecutó la tala de 876 hectáreas por encima de la superficie autorizada y dejó de reforestar más de mil 300 hectáreas comprometidas.
También señalaron entre las ilegalidades la descarga de residuos a cuerpos de agua naturales sin el aval oficial, así como deudas con el Ministerio de Ambiente(MiAmbiente) ascendentes a 11 millones de dólares.
En el marco del Día de la Tierra, el movimiento aseguró que los últimos informes de inspección de MiAmbiente en el proyecto revelan graves incumplimientos a los compromisos ambientales y de la legislación vigente del país.
El movimiento que agrupa 36 organizaciones de ambientalistas, conservacionistas y educadores, entre otros, rechazó en enero de este año el contrato suscrito por el Ejecutivo con Minera Panamá que consideró inconstitucional.
El grupo dijo a la prensa que la negociación iniciada desde septiembre del 2021 fue irregular y que los avances obtenidos son minúsculos en materia ambiental y laboral.
También señalaron que el Gobierno no tomó en cuenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que anuló el anterior contrato con Minera Panamá por ir contra la ley de leyes.
El Ejecutivo “ha demostrado una vez más que esta industria siempre operará al margen de nuestra Constitución y la ley, así como de los derechos fundamentales que esta consagra”, indicaron en una nota.
La mina de Cobre Panamá, ubicada en el distrito de Donoso, en la caribeña provincia de Colón, es la inversión privada más grande del país, con seis mil 700 millones de dólares y aporta un 3,5 por ciento al Producto Interno Bruto y miles de empleos directos e indirectos.
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