La sentencia, denegó la medida de protección solicitada por el propietario, quedando demostrada la titularidad legítimamente adjudicada a los afectados.
El conflicto se remonta al 2017 cuando alrededor de 50 campesinos recibieron el referido predio en el 2010 por parte del presidente Hugo Chávez, pero con los años fueron desalojados a la fuerza, iniciándose así una lucha legal para recuperarlo.
El Instituto Nacional de Tierras (INTI) acompañó la demanda para alcanzar un consenso en cuanto a la distribución de las cuatro mil 800 hectáreas tras la anulación de la propiedad privada.
Los campesinos, que persistieron en el rescate del hato contaron con el respaldo de la Plataforma de Luchas Campesinas, y formaron parte de la Marcha Campesina Admirable que se realizó en 2018 en Caracas.
En tanto, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela aprobó la víspera la creación de una comisión especial para investigar recientes atropellos y despojos de tierras denunciados por familias campesinas en Guatire, estado de Miranda.
El Legislativo venezolano condenó los hechos denunciados por el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, en torno a los abusos cometidos por el alcalde del municipio Zamora, Raziel Rodríguez, quien el 12 de abril, empleó maquinaria pesada para destruir viviendas y plantaciones adjudicadas a varias familias por el Estado.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, manifestó que la comisión debe ir al lugar de los hechos, entrevistar a los habitantes de la zona, citar al alcalde y a todos los involucrados, y abogó por adoptar acciones ejemplarizantes y aplicar todo el peso de la ley contra los responsables de esos abusos contra el pueblo.
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