Por Jorge Luna
Al respecto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo que la pretendida medida de la Casa Blanca, que calificó de ilegítima, busca evitar “un análisis verdaderamente serio sobre los problemas que tienen impacto en la vida de millones que habitan en esta parte del mundo”.
El anuncio estadounidense fue rechazado abiertamente por varios países de la región, así como por el Grupo de Puebla, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), entre otros.
Analistas latinoamericanos y caribeños coincidieron esta semana en que la anunciada exclusión pretende ocultar los logros alcanzados por Cuba, por ejemplo, en el enfrentamiento de la pandemia de la Covid-19, tanto dentro como fuera de la isla, ya que la salud será uno de los temas centrales de la agenda.
La isla caribeña no solo elaboró vacunas propias contra el coronavirus SARS-CoV-2, sino que las aplicó en un masivo esquema de vacunación dentro y fuera de la isla, alcanzando una de las mejores estadísticas de inmunización de la región, al parecer un dato incómodo para los anfitriones de la Cumbre de Los Ángeles.
Pero, la exclusión -que afectaría también a Venezuela y Nicaragua- tendría que ver también con la errática política migratoria de Washington, otro de los temas sensibles de la agenda.
En ese tema, la actual administración -que mantiene en pie el muro de Trump en la frontera con México- viene aplicando estrictas medidas discriminatorias contra miles de migrantes, que huyen del deterioro económico de sus países en medio de la actual pandemia.
Esa manía de excluir a migrantes y ahora también a jefes de Estado dispuestos a enfrentar los profundos problemas de la región en Los Ángeles, se viene usando desde hace años, además, contra periodistas y otros intelectuales que no responden a los intereses de Washington.
Excorresponsales de esta Agencia Informativa Latinoamericana recordaron que las restricciones de las autoridades de Estados Unidos afectaron su normal actividad periodística desde que se instaló en la sede de Naciones Unidas hace 60 años, con la detención y posterior liberación del periodista Francisco V. Portela, por agentes del FBI.
El primer ataque, agregaron, ocurrió en 1960, cuando su oficina (que estaba en Washington) debió trasladarse a la sede de la ONU en Nueva York debido a la persecución de sus integrantes. Allí, los profesionales, que durante años tuvieron movimiento limitado a 25 millas alrededor del Columbus Circle, solo pueden escribir sobre temas del organismo mundial.
Por otro lado, las visas concedidas hasta ahora a los corresponsales de Prensa Latina en la ONU establecen una sola entrada a territorio de Estados Unidos y, cada vez que salen de ese país, tienen que volver a solicitar el permiso en la embajada estadounidense en La Habana, proceso que siempre demora, incluso varios meses.
En una ocasión, el Departamento de Estado denegó la visa a dos periodistas de esta agencia acreditados ante la ONU, lo que fue rectificado tras protestas registradas en la sede de esa organización y en varios países.
Organizaciones de periodistas de la región denunciaron esta semana la prolongada demora (virtual negativa) de visados a los actuales corresponsales de Prensa Latina en Washington y en la ONU, violando elementales normas de prensa y de los organismos internacionales.
El presidente Biden, a quien al parecer le cuesta diferenciarse de Trump, acaba de sustituir a su secretaria de Prensa, Jen Psaki, por Karine Jean-Pierre, quien asumirá el cargo el venidero día 13, quien deberá anunciar si continuará o no con la presente manía de excluir.
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