Aparte de las contradicciones entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca sobre la cita que se inaugurará en la ciudad norteamericana de Los Ángeles la semana próxima, analistas internacionales incluso mencionan al uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), como autor de informes que habrían llevado a Biden a optar por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Almagro, quien guarda sospechoso silencio ante la actual crisis diplomática, es criticado en la región precisamente por su actitud de impedir la participación de países que, según él, no respetan la Carta Democrática de la OEA.
Existe especial preocupación entre políticos del hemisferio por el deterioro de la imagen de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, provocado por su arbitraria e ilegal convocatoria en momentos en que la región enfrenta acuciantes problemas económicos, sociales y políticos.
Fuentes diplomáticas apuntaron que más de una decena (de los 35 miembros de las Américas) ya expresaron públicamente su rechazo a esa convocatoria y aseguraron que solo asistirán si son invitados todos los países.
Además de la oposición de los gobiernos de México, Argentina, Bolivia, Honduras y los miembros de la Comunidad Caribeña (Caricom), entre otros, también denunciaron la medida unilateral varios organismos regionales.
Entre ellos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) y el Grupo de Puebla.
Se calcula, entonces, que -de mantenerse la actual situación- un 40 por ciento de los países no tendrá una representación del máximo nivel en Los Ángeles, cantidad que coincide, más o menos, con el número de naciones de la región donde la Casa Blanca no tiene un embajador residente, señalado como indicador del desdén de Washington.
La medida estadounidense viola además los acuerdos sobre participación adoptados hace 10 años en la Cumbre de Cartagena de Indias, Colombia, como recordó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que Biden recapacite y celebre una cumbre inclusiva.
Desde la primera cita en Miami, Estados Unidos (1994), bajo el mandatario Bill Clinton, estas reuniones tuvieron varias formas de preparación y convocatoria, empleando incluso las denominadas “troikas”, conformadas por el anfitrión y las sedes anterior y posterior de las cumbres.
Luego, la tarea transitó por distintas instancias burocráticas del Departamento de Estado, hasta, por último, recaer en un grupo selecto de la OEA, que hoy dirige Almagro, promotor del alejamiento de Venezuela de ese organismo, reconociendo de manera insólita a un gobierno virtual.
Asimismo, provocó el distanciamiento de Nicaragua, criticó reiteradamente al gobierno de Cuba -expulsada del organismo en 1962- y es considerado culpable del Golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia.
Un fuerte reclamo de gobiernos progresistas de la región logró, sin embargo, dejar sin efecto esa medida anticubana en 2009, aunque La Habana rechazó reiteradamente su retorno a la OEA. Ante pedidos de gobiernos de la región, en el año 2015, el entonces presidente cubano, Raúl Castro, asistió a la VII Cumbre en Panamá.
A pocos días de la “cumbre” de Los Ángeles, el gobierno de Biden parece estar valorando sus decisiones políticas.
Sin embargo, la exclusión, nacida en la Doctrina Monroe, de “América para los (norte)americanos”, constituye una tradición estadounidense -desde 1823- heredada de la administración de Donald Trump (2017-2021), que el actual mandatario, pese a todos los riesgos, no ha intentado modificar.
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