El sindicalista Ángel Figueroa, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), explicó que decidieron presentar el recurso ante la jueza federal Laura Taylor Swain para que deniegue un segundo reclamo del consorcio privatizador norteamericano.
‘Hacemos este planteamiento ante el tribunal porque la AEE no ha podido probar que cumple con lo estipulado en el contrato y LUMA no ha podido contratar los tres mil 800 trabajadores que se requieren para operar el servicio eléctrico del país’, sostuvo.
Destacó que es curioso que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tampoco quisiera divulgar la cantidad de empleados contratados por la empresa estadounidense-canadiense que tiene previsto asumir el control de la AEE el 1 de junio mediante un contrato considerado leonino por diversos sectores.
El convenio dará la posibilidad a LUMA, que no invertirá un solo centavo en el proceso, de administrar miles de millones de dólares que la AEE recibirá por los próximos 15 años para su reconstrucción después de la devastación causada por los huracanes Irma y María en 2017.
‘Estamos pidiendo a la jueza, en el caso que llegue LUMA, no se le dé prioridad para pagar sus gastos hasta que esté aprobado el plan de ajuste de deuda, (ya que) concederlos afectaría nuevamente la reestructuración de la deuda de la AEE’, precisó Figueroa.
El dirigente sindical estableció que esto se agrava al tomar en cuenta que la AEE tiene un déficit este año de al menos 432,8 millones de dólares ocasionado, entre otras cosas, por el contrato de LUMA Energy.
‘Por tanto, la AEE no tendría los fondos necesarios para sufragar dicho contrato, sus operaciones, y simultáneamente, pagarle lo justo a todos sus acreedores, incluyendo al Sistema de Retiro’, aseguró.
Figueroa detalló que la Utier planteó la moción para que la jueza federal de quiebras conceda gastos administrativos a favor de LUMA.
Está tambaleando, acotó, porque la AEE no ha demostrado que el consorcio cumplió con las condiciones para propiciar el contrato.
Consideró que eso es indicativo de que no podrán asumir de forma responsable las riendas de la Autoridad para la fecha del 1 de junio, justo al comienzo de la temporada de huracanes.
El dirigente sindical explicó, además, que la decisión anterior de la jueza federal Taylor Swain concediendo gastos administrativos por los incurridos en el periodo de transición fue recurrida ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, Estados Unidos.
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