La reacción cuestiona el rechazo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a la imputación a Merino, producto de una larga investigación que reunió más de 50 pruebas contra Merino, las cuales descartó el informe del legislador de extrema derecha Alejandro Cavero, aprobado ayer por el grupo congresal.
El informe fue aprobado por siete votos de izquierda y centro a favor y siete de derecha en contra, con el voto dirimente (de valor doble) de la presidenta de subcomisión, Rosío Torres.
Se abstuvo María Acuña, del mismo partido de Torres, Alianza para el Progreso, grupo que en su campaña electoral pidió justicia para Inti Sotelo y Bryan Pintado, abatidos por armas de fuego durante las protestas de noviembre de 2020 contra Merino, quien duró solo cinco días en el gobierno.
El abogado de los deudos de la familia, Carlos Rivera, dijo que, de no aprobarse una reconsideración de la votación y de no aprobarse después el informe de Cavero, el caso quedará archivado, al igual que la larga investigación del Ministerio Público.
“En tal caso, se habrán agotado las instancias nacionales y solo quedará apelar a las internacionales”, es decir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó el abogado.
La citada instancia acusó a Merino y a quienes fueron su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y titular de Interior, Gastón Rodríguez como responsables de omisión de deberes.
Para la Fiscalía, los mencionados ordenaron o no impidieron la represión policial en la que murieron los dos jóvenes y fueron heridos más de 70 manifestantes, varios de ellos de gravedad.
El defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, descalificó el informe por ser una “grave vulneración a los derechos humanos”, al impedir la investigación y juzgar a los exgobernantes por los presuntos delitos de homicidio, lesiones graves y leves.
La exministra de Justicia, Gisela Ortiz, calificó de vergonzoso el blindaje de Cavero, cuyo informe niega que los proyectiles que dieron muerte a Sotelo y Pintado correspondan a armas policiales, pese a un peritaje que indicó lo contrario.
“No hay impunidad que dure, nuestra memoria no olvida a Inti y Bryan y, en su nombre, perseguiremos a responsables”, añadió la exministra.
“La dictadura parlamentaria arrecia contra la justicia”, manifestó la excandidata presidencial Verónika Mendoza, quien agregó: “Toda mi solidaridad con las familias de Inti y Bryan. Nada de lo que haga el Congreso podrá borrar sus nombres de nuestra memoria”.
La parlamentaria de izquierda Silvana Robles rechazó afirmaciones derechistas que sostienen que se ha hecho justicia a los tres exgobernantes y dijo que las mismas “son una ofensa para las víctimas y familiares” y para quienes marcharon con ellos.
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