Varios congresistas del partido identificado con el color azul impulsan desde hace un mes un grupo de iniciativas para aumentar los fondos destinados a la defensa y en ese contexto piden analizar como razón los altos costos para el mantenimiento del centro de detención, dinero que proviene del bolsillo de los contribuyentes.
Las propuestas podrían someterse a votación en las próximas semanas en la Cámara de Representantes, donde pasaría sin contratiempos debido a la mayoría demócrata, aunque en el Senado el panorama es diferente, por el control de los republicanos, señaló el diario The Hill.
«Estoy seguro de que no sucederá», expresó el jefe del Comité de Servicios Armados del Senado, James Inhofe (republicano de Oklahoma), quien manifestó que el centro de detención constituye “una institución absolutamente vital” para Estados Unidos.
Por su parte, el presidente de ese Comité, Jack Reed (demócrata de Rhode Island), dijo que hay «muchas razones» por las que la instalación debería cerrarse, pero el tema ha sido «polémico».
El proyecto de ley de financiación de la defensa tiene un valor de 761 mil 000 millones de dólares, y prohíbe que se utilicen fondos para ese sitio de reclusión después del 30 de septiembre de 2023.
Las críticas hacia esa prisión no cesan debido a los escándalos sobre torturas y violaciones de los derechos humanos de los reclusos, a las que se suman las denuncias de las autoridades cubanas sobre la ilegalidad en la que se sustenta la ocupación de ese territorio por Estados Unidos.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó en su cuenta de Twitter de escandalosos los abusos ocurridos en la cárcel ubicada en el territorio «ilegalmente ocupado en la bahía de Guantánamo» y que lleva 20 años operativa.
La «base naval de Estados Unidos en Guantánamo alberga historia de 20 años de ignominia», apuntó en la propia red social el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
En el centro fueron confinados arbitrariamente hasta 780 personas sin juicio o debido proceso, incluidos menores, muchos de ellos sometidos a torturas o hechos degradantes violatorios de los derechos humanos, de acuerdo con las denuncias.
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