La medida se sustenta en que, según los expertos, si se inmuniza al 95 por ciento de las personas el virus puede eliminarse.
Tendrán prioridad las instituciones comunitarias, como las guarderías y escuelas donde no se excluirá a ningún niño por no estar vacunado, pero los padres pueden ser multados con hasta dos mil 500 euros.
En los alojamientos para refugiados regirá la normativa que aplica además para empleados, profesores y educadores. Igual efecto tendrá en hospitales y consultorios médicos
El ministro de Salud, Karl Lauterbach, calificó de buena la medida bajo la premisa de que el sarampión pone en peligro la vida de los infectados y afecta a su entorno.
Cualquier persona que viva en instituciones de salud o educativas estatales o trabaje en ellas debe protegerse contra la infección de forma probada. Para el resto de la población es un imperativo de sentido común, afirmó.
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