La medida permitirá al Congreso obligar al exmandatario a presentarse a declarar ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) contra el lavado de dinero, ante la cual Cartes rehusó comparecer en dos ocasiones, adelantó el senador Enrique Salyn.
El parlamentario no descartó solicitar la aprobación de un desafuero, tema aún en debate entre los legisladores, aunque admitió que él se inclina más “por la pérdida de la investidura”.
La propuesta podríamos presentarla mañana, apenas lo tengamos todo listo, declaró Salyn en contacto con el periódico ABC Color.
Según el senador, la negativa de Cartes de acudir ante la CBI envía un mensaje político, pues esta revela la convicción del expresidente “de que está por encima de todas las leyes, la Constitución Nacional y la propia ciudadanía”.
Salyn contestó ante eso a Cartes que “no todos los paraguayos le tenemos miedo, no todos tienen un precio. Pueden comprar a algunos, pero hay gente que no tiene precio en Paraguay”.
El dinero sucio del exjefe de Estado -subrayó- “ingresa constantemente por medio de sobornos y debilita así a todas las instituciones del Estado”.
Un magistrado local, el juez Raúl Florentín Asunción, declinó este martes conducir por la fuerza al expresidente para que declare ante la CBI acerca de acusaciones sobre delitos como lavado de dinero.
Cartes -explicó- mantiene fueros parlamentarios como senador vitalicio, por lo que la Policía Nacional no puede obligarlo a comparecer en persona ante esa instancia.
La exigencia de que el expresidente satisfaga esa citación responde a que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes elevó a la Fiscalía tres informes contra el expresidente sobre los citados delitos.
El juez Florentín, pese a su negativa a la conducción obligatoria de Cartes, admitió que la CBI tiene competencia para solicitar auxilio a las fuerzas públicas ante la resistencia sin causa justificada por personas convocadas por una comisión del Congreso.
Pero -explicó- no existe una disposición que prive a senadores vitalicios de sus inmunidades establecidas por la Constitución Nacional, “más allá de las limitaciones de no ser tenidos en cuenta para quorum y no tener voto”.
La justicia local recibió desde principios de año numerosas denuncias contra Cartes por supuesto lavado de dinero, contrabando y narcotráfico, en medio de un escándalo que compromete a autoridades como la fiscal general Sandra Quiñónez, por cargos como incumplimiento de obligaciones.
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