Esta disposición, votada en sentido positivo el 15 de mayo último por el Legislativo de la isla, busca regular la ejecución de las sanciones principales y accesorias impuestas a personas naturales y jurídicas.
Incluye, asimismo, las medidas de seguridad previstas en la ley penal, para lo cual define la actuación de los órganos, organismos, instituciones, organizaciones y demás sujetos que participan en su proceso de ejecución de la norma.
También se propone ejecutar la medida cautelar de prisión provisional, bajo el principio de presunción de inocencia y el tratamiento correspondiente a esa situación legal, así como el cumplimiento de las obligaciones que impone el tribunal al imputado en los casos que decida el sobreseimiento condicionado.
Asimismo, norma el control en la ejecución de las sanciones penales, medidas de seguridad, disposiciones relativas a la responsabilidad civil y otras obligaciones impuestas en la resolución judicial correspondiente.
Asegura, igualmente, el cumplimiento de los objetivos de las sanciones y medidas de seguridad, la reinserción social de las personas sancionadas y aseguradas, para su educación en los principios de una actitud honesta ante el trabajo, el estricto cumplimiento de las leyes y el respeto a las normas de convivencia social.
La ley de Ejecución Penal transitó por 12 versiones desde marzo de 2019 a enero de 2022, y para su conformación contó con una amplia consulta a especialistas de diversas instituciones, lo cual generó 175 criterios y propuestas, de los cuales fueron aceptados 99. mem/evm
