De acuerdo con nota del portal de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, expuso la marcha de las medidas económicas adoptadas en la última sesión del órgano legislativo, el pasado julio, orientadas a dinamizar el mercado interno.
Durante la reunión encabezada por el presidente del órgano, Esteban Lazo, los presentes debatieron temas relacionados a la recuperación del programa porcino y su importancia para asegurar el consumo social y el autoabastecimiento de la población, las demandas del turismo y la gastronomía.
Así como, recuperar los niveles de producción para dar respuesta a las necesidades existentes.
En la sesión fueron presentados los decretos leyes “De la producción, desarrollo y uso de los biofertilizantes, bioestimulantes y bioplaguicidas de uso agrícola” y “De la Seguridad Social de los Titulares y los Trabajadores Contratados de los Proyectos de Desarrollo Local”.
El primer texto legal, expuesto por el ministro de Agricultura, Ydael Pérez, permitirá garantizar “un empleo más eficiente de los nutrientes, reducir las cantidades de fertilizantes y el gasto financiero para favorecer el establecimiento de los cultivos y el incremento de los rendimientos agrícolas”.
En tanto, la segunda norma, presentada por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, se encargará de establecer un régimen de seguridad social a los titulares de desarrollo local y las personas contratadas para su ejecución.
El ente estatal también evaluó la propuesta de designación de nuevos jefes de misiones diplomáticas en el exterior. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, José Luis Toledo explicó a los presentes, “los avances en el cumplimiento de los mandatos dispuestos disposiciones de las leyes aprobadas”, luego de la proclamación de la Constitución de la República en 2019.
En la reunión, Lazo señaló que es deber del Consejo de Estado constatar el cumplimiento de las leyes aprobadas por el Parlamento y dar seguimiento a “sus propias disposiciones, en correspondencia con sus atribuciones constitucionales”.
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