La actividad pecuniaria del funcionario favorecía a personas que pagaban para obtener su carnet de objetores de conciencia, explicó el fiscal Jorge Arce, de la Unidad de Delitos Económicos, según el periódico ABC Color.
El agente del Ministerio Público, quien abrió la carpeta de la pesquisa contra el funcionario, pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados la relación hasta el 2010 de quienes solicitaron esos documentos acreditativos.
La denuncia contra el Defensor del Pueblo, presentada por la abogada Diana Vargas, argumenta el hecho punible de exacción (cobro indebido de impuestos, multas, deudas) por un supuesto esquema de recaudación ilegal.
Los miembros de la Cámara de Diputados presentaron también contra Godoy dos libelos acusatorios para un eventual juicio político y fijaron para el 26 de septiembre una sesión extraordinaria sobre el tema.
Varios legisladores de esa instancia impulsores del proceso contra el funcionario denunciaron la víspera que Godoy ordenó “plantar drogas”, como represalia por las acciones parlamentarias en su contra.
La repercusión por el hecho, que ocupa espacios principales de los medios en las últimas horas, abarcó sectores sociales cuyos líderes convocaron a una manifestación pacífica mañana en la tarde para exigir el juicio político contra Godoy.
El Defensor del Pueblo en Paraguay es un comisionado parlamentario que goza de autonomía e inamovilidad, cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios.
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