Luego de un sangriento fin de semana, cerca de 90 fallecidos, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó una propuesta del Ejecutivo para poner coto a los problemas de seguridad que entrañaban las acciones de los grupos delincuenciales, extorsiones, asesinatos y otras acciones delictivas.
Esa medida, desde un comienzo y con buenos resultados, se mantiene entre altos índices de popularidad y críticas. La Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil se hicieron presentes en todo el territorio nacional para detener y enviar a prisión a pandilleros miembros de las maras.
En las últimas semanas, el número de presos superó los 53 mil y el vicepresidente Félix Ulloa afirmó a Prensa Latina que no se detendrán hasta poner tras las rejas a todos los integrantes de esos grupos, los cuales cifras aproximadas sitúan en 70 mil miembros.
Entre las críticas que levanta aun la medida está la muerte de varios detenidos en las apiñadas instalaciones donde esperan que el gobierno termine de construir una megaprisión donde albergará a cerca de 40 mil reos y que aun demora varias semanas para su inauguración, según autoridades.
Asimismo, la medida es blanco de críticas porque permitió que durante el plan integral de seguridad fueran arrestadas personas presuntamente inocentes y sin vínculos con las maras.
No bastante, las encuestas reflejan, y se puede apreciar en las calles del país, que lo establecido goza de una amplia aprobación popular debido a la reducción en las cifras de homicidios y pese a lo que expertos señalan como daños colaterales.
Esos percances, según analistas, pueden ocurrir y sin ánimos de justificación, las propias condiciones carcelarias heredadas por el gobierno tienen un alto componente en la culpa, pues algunos de los decesos son a causa de las malas condiciones de los recintos.
Recientemente, el vicepresidente Ulloa llamó a la población a expresarse sobre esta situación y afirmó que están dispuestos, el gobierno, a tomar las medidas necesarias para mejorar la efectividad de las medidas adoptadas bajo el plan de seguridad y el estado de excepción, darle una connotación donde se respeten todos los derechos.
En términos generales, la aprobación popular de las acciones emprendidas por el gobierno marcan una tendencia ascendente, pues muchos ciudadanos ven con buenos ojos el régimen, ya que perciben una disminución de la inseguridad en el territorio y que hay persona que dicen que ya no ven pandilleros.
El 15 de octubre vence la actual prorroga del estado de excepción y ya Ulloa anticipó que será prorrogado hasta poner tras la rejas al último pandillero.
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