En una prolongada conferencia de prensa, el mandatario dijo que rechaza y condena la denuncia como titular de un gobierno electo legal y legítimamente para regir los destinos del país y criticó severamente la acción de la fiscal.
El ministro de Justicia, Félix Chero, apuntó que “asistimos a una tercera etapa de un plan sistemático de deponer al presidente y atentar contra la institucionalidad democrática”.
Explicó que la primera etapa consistió en alegar fraude para impedir que Castillo sea presidente y la segunda en intentar vacarlo (destituirlo) y presionar por su renuncia.
Benavides acusó al mandatario de encabezar presuntamente una organización criminal dedicada a direccionar contratos para obtener beneficios, integrada por los exministros de Transportes, el prófugo Juan Silva, y Vivienda, Geiner Alvarado.
El documento de la fiscal orienta al legislativo a que aplique la constitución y la Convención de la ONU contra la Corrupción, que abre la posibilidad de eludir la prohibición de denunciar a un presidente en funciones por delitos que no sean traición a la patria, no convocar elecciones y cerrar u obstaculizar el funcionamiento de los otros poderes del Estado.
El primer ministro y jurista, Aníbal Torres, en un comunicado aclaró que el texto de ONU no reemplaza a las legislaciones nacionales, que deben ser aplicadas prioritariamente.
Castillo cuestionó de otro lado los métodos de la Fiscalía, de coacción y abuso a los investigados, métodos que no aplica a los verdaderos criminales y señaló que el Ministerio Público debe ser conducido por personas probas.
Afirmó también que él y los ministros se mantienen en sus despachos. “No nos van a amedrenta, estamos aca más firmes que nunca”, agregó y remarcó que no ha cometido ningún delito.
“Hemos sido elegidos por un periodo constitucional (cinco años) en julio de 2026 entregaremos la posta a quien sea elegido por el pueblo”, aseveró.
Tanto el presidente como sus ministros subrayaron que la denuncia de la fiscal solo contiene hipótesis y cita dichos de colaboradores de la Fiscalía y en ambos casos no hay pruebas.
En un mensaje sobre la denuncia, Benavides afirmó que “hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno” y lograr una fundamentada sospecha en tal sentido.
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