La organización denunció en un comunicado enviado a Prensa Latina, que la decisión de incluir nuevamente a esa nación en “la lista del terror” se convierte en una acción injusta y desconsiderada, cuando la realidad es que La Habana ofreció su territorio para llevar la paz.
Afirmó que ese país “ha sido uno de los paladines de la paz” y mencionó lo acontecido con Colombia al convertirse Cuba en “el escenario perfecto” para iniciar el proceso de pacificación, pedido por el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018).
El texto recordó que hace muy poco el mandatario colombiano, Gustavo Petro, reconoció el “aporte pacífico” de la nación antillana con su país, y lo primero que hizo fue pedirle al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su visita a Bogotá, “sacarla de este nefasto grupo”.
Denunció que en la decisión de incluir a Cuba “en esta especie de lista negra”, están metidas las manos de los sempiternos enemigos de la Revolución, Bob Meléndez y Marco Rubio, “protagonistas de un entramado con la mafia cubanoamericana y el Departamento de Estado”.
Igualmente, apuntó, es el resultado y efecto de las campañas mediáticas, tendenciosas por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Fundación Nacional para la Democracia y la CIA, con presupuestos económicos, que hacen un gran daño a la isla.
El comunicado manifestó que el Movimiento de Solidaridad y Amistad Mutua Venezuela–Cuba se une así a las más de 300 organizaciones basadas en la fe, iglesias y creyentes de 23 países del mundo, que piden sacar a La Habana de la mencionada lista.
También, expresó, demandan levantar el bloqueo y las cientos de medidas coercitivas contra el pueblo cubano, mantenidas por más de 60 años.
Entre los solicitantes están el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, la religiosa japonesa Filo Hirota, la Comunión de Iglesias Reformadas de Cuba y el Reverendo Chris Ferguson, de la Universidad Reformada de Canadá, entre otros.
La nota exigió “levantar el terrible calificativo” impuesto a la isla, como una medida de elemental justicia por su aporte a la paz del continente, y de manera muy especial en Colombia, donde por más de 40 años participó en la búsqueda de una salida al conflicto.
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