Según declaró el ministro de Cuentas Públicas, Gabriel Attal, entre 2020 y 2022 “se incautaron mil 46 toneladas de tabaco”, 464 de las cuales fueron decomisadas entre enero y agosto del presente año frente a las 402 de 2021, ello quiere decir que “si esta tendencia se mantiene, el aumento de los embargos podría alcanzar el 73 por ciento en 2022”, aseveró.
Ese comercio ilegal supone “una pérdida para el Estado y la Seguridad Social de 2 mil 500 a 3 mil millones de euros al año, por 500 millones de euros de IVA no recaudado”, señaló Attal, y prometió “absoluta determinación de luchar sin tregua contra el tráfico” de productos del tabaco.
Para ello el gobierno elaborará un plan de acción para el periodo 2022-2025, que estará “ultimado para finales de año”, y reforzará los recursos de las aduanas para que puedan interceptar más productos vendidos ilegalmente a través de las redes sociales y enviados por correo.
Los servicios aduaneros se dotarán de «nueve escáneres móviles de nueva generación», detalló el ministro, cuyo número se ampliará a “20 de aquí a finales de 2025”, así como de «dos escáneres industriales para mejorar los controles de los paquetes postales y la carga urgente», dijo.
Además. La “unidad de ciberaduanas se descentralizará y se ampliará a los servicios de investigación locales” para poder rastrear mejor las ventas ilegales en línea, ya que «el tráfico local circula ahora también por las redes sociales y pasa por debajo del radar”, según Attal.
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