Así se explicó en un informe sobre el tema publicado en el portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla caribeña, en el que se ratificó que La Habana mantuvo su política de “Tolerancia Cero” respecto a cualquier modalidad de trata de personas
En el documento se puntualizó que en el periodo se realizaron varios intercambios con el gobierno y sectores de la sociedad estadounidense para abordar el trabajo de las brigadas médicas cubanas, particularmente en medio de la pandemia de la Covid-19 y la política de descrédito lanzada por la administración del país norteño.
El documento divulgó que en la etapa se juzgaron 10 casos por delitos con rasgos típicos de trata de personas, lo cual denota la baja incidencia de este delito en el territorio nacional.
Según la información el accionar delictivo se concentró en la captación de jóvenes, principalmente del sexo femenino por parte de empresarios extranjeros y cubanos, para brindar servicios de bares y centros nocturnos en Turkiye, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Japón, China, Rusia, México y Nicaragua.
Añade que persiste la incidencia en Cuba de extranjeros que interactúan con jóvenes a cambio de dádivas y recargas telefónicas, así como la promoción y venta online de videos e imágenes con contenido sexual, cuyo pago se materializa mediante transferencias bancarias desde el exterior e interior del país.
En 2021 se extendió por un año adicional la implementación del Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas y se comenzó a elaborar el nuevo Plan de Acción Nacional para el período 2022-2024.
Agrega el documento que continuaron las acciones de cooperación y el intercambio oportuno de información con las organizaciones internacionales, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el sistema de las Naciones Unidas y los organismos homólogos de países de la región y europeos.
De igual forma se mantuvo la atención especializada a las víctimas de trata así como a aquellas personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Como resultado de las acciones de enfrentamiento se identificaron 10 víctimas, todas ellas niñas y las sanciones penales para los victimarios oscilaron en el rango de cinco a 20 años de privación de libertad.
El informe reseña las principales actividades de los organismos de la administración central del Estado implicados en el tema, entre ellos Ministerio de Justicia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud Pública y Trabajo y Seguridad Social, entre otros.
Como potencialidades de la mayor de las Antillas el texto señala la existencia de planes de acción para la prevención y enfrentamiento en cada organismo en los que se privilegia la prevención, la cooperación, la atención a las víctimas y la capacitación de funcionarios y público en general, para elevar la percepción del riesgo.
Cuba cuenta con diversos instrumentos jurídicos para prevenir y enfrentar la trata de personas y conductas asociadas a esta como el proxenetismo, la pornografía y prostitución infantil, en coherencia con el espíritu de la Convención de Palermo, sus Protocolos y otros instrumentos internacionales de los que la isla caribeña es signataria.
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