En la presentación de esas normas jurídicas, efectuada en el Capitolio de La Habana (sede administrativa del legislativo), Gladys Bejerano, contralora general, y Yamila Peña, titular de la Fiscalía, expusieron los fundamentos de ambas propuestas que regulan y actualizan el funcionamiento de esas instituciones.
De acuerdo con Bejerano, las transformaciones a la legislación vigente de ese órgano de control son el resultado de un proceso gradual y sostenido de intercambios, y permiten responder al mandato de la Constitución aprobada en 2019, y las directrices emanadas del Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), realizado el pasado año.
El Proyecto de Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de la Gestión Administrativa recoge, en 104 artículos, propuestas realizadas en un proceso de consultas que calificó la funcionaria de enriquecedor.
Por su parte, el proyecto de Ley de la FGR contiene 125 artículos, 74 más que la Ley 83 de 1997, y entre otros aspectos reconoce como principios a la figura del fiscal como autoridad del Estado, la posibilidad de los ciudadanos de impugnar sus pronunciamientos, y establece las relaciones de trabajo con instituciones, organismos y entidades del país.
Este proyecto regula el funcionamiento y la organización de la institución, y tiene entre sus fundamentos los documentos programáticos aprobados en los congresos del PCC, las recomendaciones de la ANPP, las modificaciones de la Constitución, y la reforma procesal y judicial en implementación, afirmó Peña.
En los debates participaron por videoconferencia diputados de varias provincias del país, quienes expusieron sus opiniones y sugerencias, las cuales se tomarán en cuenta con vista a la presentación de estas normas en el próximo período ordinario de sesiones de la ANPP, convocado para el próximo mes.
Ambos textos se encuentran publicados en el sitio web del Legislativo cubano.
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