Las revelaciones sobre las pesquisas de la Fiscalía Nacional Financiera y el ya muy mediático “Caso McKinsey”, nombre de una consultora estadounidense, vienen a confirmar el complicado primer semestre del segundo mandato del jefe de Estado, que comenzó con el revés de su partido (Renacimiento) en los comicios legislativos de junio.
La justicia indaga las condiciones de atribución de algunos contratos públicos por cifras significativas a la firma McKinsey & Company, y a su vez la financiación de esta a las campañas del líder francés en 2017 y 2022.
Según el diario Le Parisien, el primero en informar acerca del proceso, tres jueces de instrucción investigan desde octubre la transparencia de ambas campañas, con las relaciones entre Macron y la consultora como trasfondo.
“Esta es sin duda la investigación judicial más delicada del momento; y por una buena razón, es la primera en apuntar directamente al Presidente de la República”, publicó el jueves el rotativo, desencadenando una cascada de artículos y comentarios.
MACRON SE DEFIENDE
La víspera, durante un desplazamiento a la ciudad de Dijón, el mandatario abordó el espinoso asunto, con serenidad, pero sin eludir la tormenta en ciernes.
“No le temo a nada”, esgrimió el presidente, quien precisó que no ha sido ni llamado ni citado por las autoridades.
La justicia debe de hacer su trabajo y encontrar la luz, hay muchos ataques políticos que se hacen por el tema de una consultora, expuso.
De acuerdo con Macron, no se siente en el centro de la pesquisa, el segundo escándalo en el cual lo involucran en pocos meses.
En julio, diversos medios en Francia comenzaron a publicar artículos en torno a Uber, el consorcio con sede en Estados Unidos que brinda servicios de transportación en grandes ciudades, y su manera de triunfar en suelo galo, cuando el actual mandatario era ministro de Economía y Finanzas del gobierno de François Hollande.
Por entonces se habló de un presunto acuerdo entre Uber y Macron, derivado del análisis de más de 120 mil documentos de una plataforma de investigación periodística fechados entre 2013 y 2017, a los que tuvo acceso el diario británico The Guardian.
La empresa es acusada de violar leyes nacionales, de crear conflictos, que en 2015 en Francia escalaron a disturbios y protestas en todo el país, y de utilizar prácticas agresivas para apoderarse de mercados, en medio de las denuncias de taxistas de que cualquiera podía ser chofer de pasajeros y las críticas de no pocos usuarios.
De momento el caso se enfrío, después de que La Francia Insumisa decidiera retirar en la Asamblea Nacional su propuesta de crear una comisión investigadora sobre el expediente Uber.
Lógicamente, la noticia de la pesquisa generó reacciones en el escenario político local, unas más severas que otras.
El secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, llamó a esclarecer la implicación de la consultora McKinsey & Company en la financiación de la campaña de Macron.
Por su parte, el flamante presidente de Agrupación Nacional (extrema derecha), Jordan Bardella, acusó al jefe de Estado de “confiar” el país a “liquidadores y depredadores”.
Los consultores investigados no trabajan para los intereses de la nación y del pueblo francés, fustigó.
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