En ese sentido, “45 personas han sido acogidas por los servicios del Estado y refugiadas en un gimnasio con el fin de examinar su situación administrativa y determinar una solución de alojamiento adecuada”, declaró la prefectura tras la retirada del campamento.
Varios vehículos de la policía llevaron a cabo, a primera hora de la mañana, la evacuación de estas personas, muchas de ellas familias con niños, y en una parte importante procedentes de países del este de Europa.
Situado desde finales de mayo bajo las ventanas del Ayuntamiento, este campamento llegó a contar con unas 200 personas, y provocó tensiones entre el gobierno local y la prefectura del Bajo Rin ante la inacción del Estado para hacerse cargo de la acogida de los desplazados.
Las tiendas de campaña fueron retiradas por el ayuntamiento, que también devolverá a sus propietarios los «efectos personales» que hayan podido quedar, según declaró la vicealcaldesa Hülliya Turan, presente durante la evacuación.
En el mismo lugar, el diputado por el Bajo Rin, Emmanuel Fernandes, criticó “la política de acogida tal como la dirige (el ministro del Interior) Gérald Darmanin y tal como la aplica al pie de la letra la buena alumna obediente que es la prefecta” Josiane Chevalier, y lamentó no haber sido capaces de “encontrar antes soluciones para acoger a estos migrantes, incluidas familias con niños”, dijo.
Ayer, la alcaldesa de Estrasburgo, Jeanne Barseghian, anunció su decisión de llevar al Estado ante los tribunales por su «incapacidad» para dar cobijo a los sintecho, lanzando un llamamiento nacional a «cargos electos» y «asociaciones» que deseen sumarse a la denuncia.
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