A través de la red social Twitter, el autoproclamado presidente encargado planteó algo que él denomina como acuerdo de salvación nacional, el cual debe involucrar a las ‘fuerzas democráticas’ del pretendido gobierno interino, la comunidad internacional y el legítimo Ejecutivo bolivariano, liderado por el mandatario Nicolás Maduro.
Guaidó volvió sobre el discurso de convocar a un cronograma de elecciones libres y justas, con observación internacional, la entrada masiva de ayuda humanitaria y garantías democráticas para todos los actores políticos.
En tal sentido, abogó por el compromiso de la comunidad internacional para ofrecer ‘incentivos al régimen, incluido el levantamiento progresivo de las sanciones, condicionado al cumplimiento de estos objetivos del acuerdo’, indicó.
Asimismo, Guaidó reiteró el rechazo de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), designada la semana anterior por la Asamblea Nacional (Parlamento), en franco desconocimiento al proceso de diálogo y concertación impulsado por el Gobierno venezolano y diversos partidos de oposición.
Al calificar el levantamiento progresivo de las sanciones como ‘incentivos al régimen’ a cambio de lograr objetivos políticos, Guaidó vuelve a desconocer el severo impacto de estas acciones punitivas en el grueso de la población venezolana, sin distinción de clases sociales o afiliación ideológica.
El 23 de enero de 2019, Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, acto apoyado por la administración estadounidense de Donald Trump, que abrió las puertas al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra la nación sudamericana.
Las medidas coercitivas unilaterales implementadas por Estados Unidos y otras naciones contra Venezuela constituyen una violación del derecho internacional, de acuerdo con el informe presentado en febrero por la relatora especial de ONU Alena Douhan.
El propósito anunciado de la campaña de ‘máxima presión’ -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos, reseñó el dictamen emitido por la experta de Naciones Unidas.
Douhan aseveró que las acciones ilegales implementadas por Estados Unidos frenaron el desarrollo del país debido al severo impacto ocasionado a su economía, al provocar la caída de los ingresos en divisas en un 99 por ciento durante los últimos años.
Asimismo, afectaron el acceso del país a medicamentos y alimentos, lo cual generó un efecto devastador en la salud de la población venezolana, además de acentuar el escenario de crisis y las tensiones internas, con repercusiones en el flujo migratorio y la separación de las familias.
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