El documento, difundido en la página web de ese órgano supremo del poder del Estado, responde a un mandato contenido en la carta magna, aprobada en 2019, y su misión de “velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa”.
Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, la contralora general, Gladys Bejerano, explicó la contribución de la normativa a la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y la exigencia de la actuación ética de jefes, trabajadores y entidades.
Durante la presentación trascendieron aspectos alusivos a la promoción y exigencia del respeto a la legalidad, la transparencia de la gestión pública y la protección de los derechos; así como, el cumplimiento a los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Asimismo, el fortalecimiento de la participación activa de los órganos del Estado, las organizaciones y la sociedad en la prevención y combate a las actividades subversivas, delictivas, conductas antisociales y otros fenómenos nocivos, con incidencia en la seguridad, tranquilidad ciudadana y orden interior.
El proyecto de ley, expresión de la voluntad política del gobierno cubano, tiene como fin la contribución a una eficiente y eficaz gestión administrativa y al logro de la aspiración de un país soberano, independiente, socialista, democrático, próspero y sostenible.
En sus 19 capítulos y 104 artículos, la disposición recoge, entre otros temas, las funciones, estructura, plantilla profesional, órganos consultivos y de asesoramiento, elección de contralores y auditores y sus atribuciones, obligaciones, disciplina y responsabilidad.
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