Durante la presentación de la normativa en el Décimo Período Ordinario de Sesiones, la fiscal general, Yamila Peña, explicó que la disposición parte de la defensa del Estado socialista de derecho y justicia social y determina el alcance de la actuación en la garantía del cumplimiento de su responsabilidad.
La magistrada detalló que el documento perfecciona los objetivos y funciones del órgano, en correspondencia con el nuevo encargo constitucional y los impactos de la reforma judicial y procesal.
Igualmente, señaló que la legislación otorga respaldo legal a la máxima figura de esa entidad y relaciona la de los fiscales, dentro de los procesos desempeñados y establece derechos y deberes como la protección y garantía del cargo, con predominio de la conducta ética y las buenas prácticas.
Estructurada en seis títulos y 125 artículos, la propuesta regula la práctica institucional respecto a la aplicación y desarrollo de la ciencia, innovación, uso de las tecnologías de la información y la comunicación, telecomunicaciones y servicios y respalda procesos de superación y capacitación.
Como novedad incorpora la comunicación social desde un enfoque estratégico, encaminada a la salvaguarda del Estado y la contribución a elevar la cultura jurídica de la sociedad y la preparación del público interno y establece un sistema de tránsito para la garantía de la idoneidad y experticia de sus profesionales.
Además, añade las relaciones de trabajo de la FGR con los órganos, organismos, instituciones, entidades y cuatro organizaciones del país y las actividades que desarrolla como parte de las relaciones de cooperación e intercambio con ministerios públicos, fiscalías, procuradurías e instituciones.
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