La iniciativa ya fue aprobada en una comisión de la cámara alta, donde se adoptó el calendario para elegir a los miembros del Consejo Constitucional y la celebración de un plebiscito sobre el nuevo proyecto de ley fundamental.
El grupo de 50 consejeros con paridad de género será elegido por voto popular y obligatorio el 7 de mayo, quedará instalado 30 días después y tendrá cinco meses para realizar su trabajo a partir de un borrador redactado por 24 expertos nombrados en el Congreso Nacional.
La consulta popular para ratificar o rechazar el nuevo texto tendrá lugar el 17 de diciembre y el sufragio también será obligatorio.
El cronograma electoral sucede a la aprobación del llamado Acuerdo por Chile, adoptado en diciembre pasado luego de tres meses de negociaciones entre los partidos políticos representados en el parlamento.
El pacto genera divergencias, sobre todo en lo referido al papel de los expertos en el proceso, el número de miembros del consejo constituyente y los escaños para los pueblos indígenas.
En opinión de la expresidenta de la convención constitucional, la académica mapuche Elisa Loncon, el actual proceso es un retroceso político al siglo XIX en materia indígena.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos afirma que el Acuerdo por Chile vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía, al establecer que 24 personas no elegidas por voto popular redacten el borrador del proyecto.
Para el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, si bien es un acuerdo que tiene limitaciones, es un tema de primer orden poner fin a la Constitución impuesta a sangre y fuego en 1980.
En una conferencia de prensa ofrecida con motivo del nuevo año, aseguró Carmona que ese sería un paso estratégico para terminar con el sistema neoliberal imperante en el país, causante de las desigualdades y las injusticias sociales.
oda/car
