Entrada la tarde está prevista una rueda de prensa de Borne, con muchas expectativas centradas en la edad de retiro que contendrá el proyecto, a partir del objetivo inicial del Gobierno de extenderla de los 62 años actuales a 65 y de las señales de ceder algo en esa visión, ante el malestar unánime en sindicatos y en partidos de izquierda.
La primera ministra adelantó que la cuestión de la edad pudiera no ser el centro de la reforma, y se ha filtrado que el documento tal vez refleje los 64 años, en lugar de los 65, para la jubilación, límite tampoco aceptado por los gremios.
Según el Ejecutivo, el proyecto es indispensable para “asegurar la perennidad de nuestro sistema de retiro por repartición, reforzar la justicia social y mejorar la calidad de vida” de las personas beneficiadas.
En esencia, el argumento es que urge un equilibrio financiero, y por tanto los franceses deben contribuir más, con la mira en que trabajen más porque la expectativa de vida es mayor.
Los detractores afirman que no hay tal urgencia económica, con llamados de sindicatos y fuerzas políticas a salir a la calle a protestar.
Incluso la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), junto a la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos más importantes del país, adelantó que no permitirá el incremento de la edad de jubilación, pese a sus tradicionales posturas cercanas al oficialismo.
Después de su presentación hoy, la reforma será analizada en el Consejo de Ministros el 23 de enero, preámbulo de su entrada en el camino parlamentario, a principios de febrero en la Asamblea Nacional, donde el partido gobernante Renacimiento perdió la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de junio pasado.
La reforma del sistema de retiro en Francia es llamada el proyecto estrella de la gestión del presidente reelecto Emmanuel Macron, quien no pudo capitalizarlo en su primer mandato en el Palacio del Elíseo (2017-2022) por la irrupción de la pandemia de la Covid-19 y las movilizaciones en contra del mismo.
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