Hoy 22 de enero los pueblos originarios conmemoran el genocidio que fue perpetrado contra sus hermanos, hermanas, tatas, nanas, abuelos y abuelas en 1932. Hace 91 que la deuda histórica se mantiene al igual que con otros hechos como la masacre de Mozote, cuando unos mil civiles fueron asesinados por el Ejército en 1981 en plena guerra
El silencio, la sordera y la ceguera envuelto en un discurso político del Estado salvadoreño no resuelve la deuda histórica de un etnocidio. La justicia restaurativa solo posterga la deuda histórica, según afirmó recientemente el Concejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI).
En enero de 1932, el país fue testigo del levantamiento campesino en el cual miles de salvadoreños se alzaron con machetes y unos pocos fusiles contra las injusticias a las que eran sometidos.
La respuesta del dictador y general Maximiliano Hernández Martínez, fue ordenar la masacre contra miles de sus compatriotas, la mayoría indígenas, parte de la población originaria, como toda la de América Latina, víctima de la explotación, el martirio y el robo descarado de su patrimonio, según valoraciones de historiadores.
Al parecer este día de enero es una fecha fatídica para esta pequeña nación. En 1980 el ataque contra una manifestación de cerca de 100 mil personas, atribuida a francotiradores de extrema derecha, causó decenas de muertos y heridos en San Salvador.
Reclamaban la reforma agraria y la democratización del país algo que hacían también sus compatriotas en 1932 cuando fueron masacrados y que también forma parte de la deuda histórica que ninguna autoridad hasta ahora intenta pagar o al menos revisar en función de dar una reparación a víctimas y familiares.
En esa época, en 1932, también estaba la mano de Washington interviniendo en los asuntos internos del país, la misma mano que daba un millón de dólares a las dictaduras de los 80 para el martirio de los salvadoreños.
Según la historia, el dictador salvadoreño de entonces, Hernández Martínez, envió una carta a los gobiernos imperialistas asegurando que “hasta hoy, cuarto día de operaciones, están liquidados cuatro mil ochocientos comunistas», agradeciendo además el apoyo que le brindaron en las represiones.
Esas alianzas de campesinos e indígenas no eran porque fueran comunistas, era el resultado de años de opresión, miserias y maltratos, no provocados por las ideologías de izquierda, y si por la explotación despiadada contra los originarios y sus descendientes.
Aun hoy las comunidades indígenas pertenecientes a Izalco, un municipio del departamento de Sonsonate, oeste, esperan alguna acción concreta de apertura a juicio por la verdad, al menos reparación de daños, o resarcimientos a los descendientes de las víctimas, o devolución de las tierras comunitarias, según historiadores.
Es la misma espera de los familiares de los cuatros periodistas de Países Bajos asesinados durante los 80, de las víctimas del Mozote y muchas más que ocurrieron bajo regímenes militares en el país.
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