Un día antes del 24 de enero, fecha de su vencimiento, el presidente Nayib Bukele informó a sus compatriotas que el país cumplió con el pago y así desterró los temores de los inversionistas de que ocurriera un impago, algo que mantenía en tensión al sector financiero.
Según el presidente se desembolsaron 604.13 millones de dólares de la deuda más 23 millones de intereses, que era lo que se debía luego de los dos procesos de recompra de bonos que permitieron adquirir por 175.87 millones a los poseedores de esos activos.
En el proceso de pago el gobierno de Bukele fue duramente criticado por acudir a la recompra de la deuda porque era pagar un débito adquiriendo otro, algo que funcionó en otros países, y otros economistas dijeron que era una acción válida y novedosa en tanto permitían comprar los bonos a menor valor del que fueron adquiridos.
En la semana también fue noticia el alza de los distintos tipos de combustibles entre 28 y 29 centavos de dólar según la calidad de los mismos, lo que empeoró la situación de los salvadoreños ya enfrentados al alza de la canasta básica en cerca de 26 dólares mensuales.
Por otra parte, la vigencia del estado de excepción que arropa el Plan de Control Territorial también fue tema de atención cuando la Universidad de El Salvador (UES), pese al respaldo que mantiene la medida en la población, según las encuestas, pidió su cese.
El Consejo Universitario demandó dejar sin efecto la medida, aplicando la justicia con las herramientas ordinarias que le proporcionan el Código Penal y el estado jurídico, y poner fin a presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades.
Esta política lleva ya 10 meses de duración desde su aprobación el 27 de marzo de 2022 para arropar el Plan de Control Territorial que permitió el arresto de más de 61 mil presuntos miembros de las maras o colaboradores, luego de suspender garantías constitucionales como las libertades de reunión y asociación, y el derecho a la defensa.
Un tema que se mantuvo en la atención de los salvadoreños fue el proyecto de disminuir el número de municipios del país y en la semana destacó el pedido de de la Iglesia Católica de realizar una consulta popular para avanzar en esa iniciativa.
Por otra parte, se mantuvo el tema de la seguridad en el país, los cercos de municipios y otras acciones encaminadas a reducir el número de homicidios atribuibles a las pandillas.
La víspera llamó la atención una marcha hacia la Casa Presidencial de sindicalistas y maestros exigiendo al gobierno cambios en la recién aprobada Ley de Pensiones. «No hay paz para el magisterio sin una pensión justa», «Exigimos pensiones dignas para el magisterio», fueron parte de los mensajes en las pancartas durante la marcha.
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