El texto, publicado en el sitio del Quincy Institute for Responsible Statecraft, aseveró que el presidente estadounidense, Joe Biden, debería cumplir la promesa realizada el año pasado por el secretario de Estado Anthony Blinken al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, de ordenar una revisión de dicho listado.
La administración Biden ha prometido durante dos años reconsiderar la designación hecha por el expresidente Donald Trump (2017-2021) solo unos días antes de dejar el cargo, un tiro de despedida diseñado para recompensar a sus partidarios cubanoamericanos y complicar las relaciones con La Habana. Esa revisión aún no ha sucedido, lamentó en el artículo el académico William LeoGrande.
La razón principal que ofreció el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, para volver a poner al país en la lista, fue su negativa de entregar a los líderes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional cuando esas personas estaban en La Habana para conversaciones de paz con el gobierno colombiano, copatrocinadas por Cuba y Noruega, detalló.
Remarcó entonces cómo el presidente Petro ahora reinició las conversaciones, pidiendo a los mismos países que una vez más actúen como garantes, y negando la lógica de Pompeo.
A primera vista, añadió, el daño de esa categoría parece limitado pues todas las sanciones económicas contra los países incluidos en la lista están en vigor contra Cuba desde 1962 bajo el bloqueo impuesto por el presidente de Estados Unidos John Kennedy (1961-1963).
Sin embargo, aclaró, el impacto sobre los administradores de riesgos en las instituciones financieras globales es devastador.
Al hacer negocios con clientes sospechosos de terrorismo, las instituciones están obligadas por ley a emprender una «diligencia debida mejorada» para garantizar que no estén financiando esas actividades sin saberlo.
Por eso, acotó, los mayores costos y riesgos de hacer negocios con un país que figura en esa calificación superan el potencial de ganancias.
A las pocas semanas de su inclusión en el listado de patrocinadores del terrorismo, 45 bancos e instituciones financieras internacionales dejaron de hacer negocios con la isla, aseveró.
Además del daño financiero, la designación como Estado patrocinador del terrorismo agrega insultos a la herida sufrida desde hace décadas por la isla, estimó LeoGrande.
Desde 1959, apuntó, Cuba ha sido víctima de cientos de ataques paramilitares por parte de exiliados, muchos entrenados y patrocinados por Estados Unidos durante la “Guerra Secreta” de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en las décadas de 1960 y 1970.
Una revisión justa de la lista concluirá que Cuba no patrocina el terrorismo, y sacarla de allí abrirá oportunidades para mejores relaciones en una amplia gama de temas que benefician a ambos países, subrayó.
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