La isla emprenderá el 1 de enero una reforma integral que devaluará el peso cubano y pretende eliminar algunas de las distorsiones de la economía nacional, a partir de la unificación monetaria y cambiaria, y reformas salariales y de precios.
Sobre el tema el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Partido Comunista y la Revolución Cubana, Marino Murillo, ofreció una extensa información, que dio paso a las intervenciones de los legisladores.
De acuerdo con el diputado Raúl Palmero, existen cuatro puntos que resaltan entre las preocupaciones de la ciudadanía y corresponde al Parlamento darles atención y seguimiento.
Un primer asunto es el control de los precios en el comercio minorista, algo que el propio Murillo señaló como un reto durante su intervención, y para lo cual el sistema se prepara en hacerle frente. Significó que el mayor desafío está en el sector no estatal, aunque este vende solo 19 mil 621 millones de pesos, lo cual representa el ocho por ciento de las ventas totales del país.
Palmero llamó la atención, además, sobre la identificación de las familias que queden vulnerables, en lo que será esencial el papel de los delegados de base, así como los procesos de fiscalización, el actuar con justicia y la respuesta rápida de los organismos implicados.
Asimismo, insistió en la relevancia de reflejar en el Parlamento y en todas las instancias de gobierno, las inquietudes de la población que vayan surgiendo, para solucionar cualquier problema que se detecte.
La generación de empleo es otro tema que causa dudas, pues no solo debe incrementarse la oferta, sino que debe mejorarse y brindar una respuesta ágil a quienes lo soliciten.
Al respecto, el viceprimer ministro Alejandro Gil, dijo que el incremento de la solicitud de trabajo es uno de los elementos esperados del ordenamiento, a lo cual tributa el estímulo que representa el incremento de salarios, así como la eliminación de subsidios y gratuidades indebidas.
Para ello se prepara el país, a partir de la aprobación de la política de desarrollo territorial, que promueve la generación de empleos mediante proyectos de desarrollo local, pues las grandes inversiones solo deben crear en el entorno de 11 mil capacidades, en tanto se aspira a llegar a 32 mil.
La tarea ordenamiento da oportunidades en este sentido, apuntó Gil, pues favorece a la industria nacional y le da competitividad, en tanto desestimula las importaciones.
A ello se añade la flexibilización del sector no estatal, que igualmente debe incidir en la generación de empleos.
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