La Ley de Cambio Climático y Transición Energética salió adelante con una amplia mayoría de las fuerzas representadas en la Cámara Baja, la abstención del conservador Partido Popular -principal de la oposición- y de Más País, y el voto en contra del ultraderechista Vox.
Primera en la historia de España para afrontar la emergencia climática, la nueva norma prevé acabar con la venta de coches con motores de combustión en 2040, recortar las emisiones de gases contaminantes y alcanzar la neutralidad en carbono.
Permitirá a esta nación ibérica cumplir el objetivo establecido por la Unión Europea (UE) de alcanzar una huella de carbono cero antes de 2050.
Para ello, se proponer conseguir antes de 2030 una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 23 por ciento respecto a los niveles de 1990.
De manera global, la UE se fijó una disminución del 40 por ciento, con objetivos distintos en función de la situación de cada uno de sus 27 estados miembros, que en noviembre último acordaron elevarlo hasta el 55 por ciento.
La flamante legislación española también establece que para 2030 un 42 por ciento de la energía consumida y al menos un 74 por ciento de la electricidad producida proceda de fuentes renovables.
Además, concede dos años, hasta 2023, para que todas las ciudades de más de 50 mil habitantes implanten zonas limitando la circulación de los vehículos más contaminantes, como ya hicieron Madrid y Barcelona.
Con esta normativa, el Gobierno de coalición progresista del socialdemócrata Pedro Sánchez responde al compromiso asumido por España en el ámbito internacional y europeo respecto a la emergencia climática.
Pone también en el centro de la acción política la transición energética, como vector clave de la economía y la sociedad para construir el futuro y generar nuevas oportunidades socioeconómicas, según fuentes oficiales.
La mayoría de organizaciones ecologistas celebraron este jueves la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que calificaron de esperada, necesaria e imprescindible.
Otras como Greenpeace la criticaron, al considerar que ‘no responde a la emergencia climática’ y es insuficiente para cumplir con el Acuerdo de París de 2015, que busca mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados centígrados respecto a la era preindustrial.
mem/edu
