Un proyecto de resolución sometido a esa instancia por la coalición de izquierda para debatirlo el jueves argumenta un mal desempeño en las funciones de la exfuncionaria, prevaricato, obstrucción a la investigación penal, complicidad, y otros hechos punibles.
La iniciativa presentada ante el presidente del Senado, Óscar Salomón, emplaza en particular a Quiñónez por su falta de impulso ante denuncias presentadas con anterioridad por los parlamentarios, en especial las formuladas contra el expresidente Horacio Cartes, explicó el legislador por el FG Jorge Querey.
Los defensores de la acusación, que proponen sea declarada «de interés nacional», recordaron la falta de actuación de la exfuncionaria en delitos recogidos en un informe de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y otros delitos conexos.
El documento denuncia la complicidad u omisión de Quiñónez ante cargos considerados emblemáticos como los del cambista Darío Messer, también vinculado con Cartes, y otros cargos contra el actual candidato del oficialista Partido Colorado Santiago Peña.
La agenda de la sesión este lunes del Legislativo comprendió una intervención del nuevo fiscal general, Emiliano Rolón, sobre las medidas que asume esa cartera ante las irregularidades heredadas de su antecesora.
El tema administrativo abordado por el jurista ante esa instancia recoge cuestionamientos de los parlamentarios sobre contrataciones y ascensos firmados por la exlíder del Ministerio Público, añade el periódico ABC Color.
“Esto es una radiografía, no es hablar mal de nadie. Parece que nos sembraron el camino con ‘clavos Miguelito’. Tengo más de 400 nombramientos entre diciembre y el tiempo que asumí”, declaró la nueva autoridad, quien ocupa el cargo desde el 9 de marzo.
El abogado y exjuez subrayó su disposición de anular esas y otras decisiones asumidas por Quiñónez durante su mandato, que expiró este marzo de acuerdo con la ley, tras ejercerlo luego de su designación durante el Gobierno de Cartes (2013-2018).
La nueva autoridad fiscal destacó la necesidad de convertir en ente autónomo y abierto al control el Ministerio Público, cuya líder hasta ahora del Ministerio Público fue emplazada por el Congreso y estuvo cuatro veces al borde de un juicio político por “mal desempeño de funciones”.
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