El colectivo de juristas quieren denunciar las “detenciones arbitrarias” y la «obstrucción a la libertad de manifestación», según describió Coline Bouillon, una de las abogadas que asistió a arrestados y entre los que se encontraban “estudiantes, médicos, personas sin hogar, menores, sindicalistas, profesores, y gente que acababa de salir de una conferencia y fue acorralada”, dijo.
Estas personas fueron acusadas por «participación en un grupo con vistas a preparar actos de violencia» u «ocultar su rostro» y permanecieron encarceladas entre 24 y 48 horas, explicó la abogada, y a las que sancionaron mediante “expedientes irregulares, vacíos en cuanto a pruebas de culpabilidad”, señaló.
En un comunicado emitido por el Sindicato de la Magistratura se denunciaron las numerosas detenciones policiales, considerándolas una «represión del movimiento social», y se recordó que por primera vez “el Gobierno utiliza el derecho penal para disuadir a los manifestantes de manifestarse y ejercer su libertad”.
El prefecto de policía de París, Laurent Nuñez, rechazó estas acusaciones asegurando que “48 horas (de detención policial) para intentar materializar el delito son pocas”, mientras otras fuentes policiales justificaron las detenciones masivas asegurando que “cuando se detiene a perfiles de alto riesgo, dejan de agitar a los demás”.
Varios diputados de izquierdas, así como el teniente de alcalde de París David Belliard, criticaron igualmente las «detenciones arbitrarias» realizadas por la policía “de manera preventiva”, como ya ocurriera durante las protestas del movimiento de los «chalecos amarillos», según señaló el Defensor de los Derechos en su informe de 2018.
A modo de ejemplo, los abogados defensores señalaron que de las 292 personas detenidas el pasado jueves en el transcurso de una protesta, solo a 9 de ellas se les pudo probar la comisión de infracciones o delitos, y un día después la proporción fue de 5 entre 60 arrestados.
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