Los departamentos del Tesoro y Comercio de la nación norteña declararon que llegaron a un acuerdo conjunto con la empresa tecnológica multinacional estadounidense sobre las aparentes violaciones de las normas de control de exportaciones y sanciones dispuestas por Washington.
Según alegó la primera de esas entidades, la mayoría de las supuestas mil 339 infracciones imputadas, -por las que deberán pagarse un cifra que asciende a tres millones 327 mil 896 dólares-, involucraron entidades rusas incluidas en la lista negra en Crimea, pero otras estaban vinculadas a Cuba, Irán y Siria.
Las presuntas violaciones ocurrieron en el contexto de los programas de distribución y reventa de terceros de Microsoft, difundió la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, entidad encargada de hacer cumplir las sanciones de Estados Unidos.
Asimismo, los empleados de la mencionada compañía supuestamente involucrados en la mala conducta son víctimas de medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido, dijo por su parte un portavoz de la empresa, citado por el periódico The Wall Street Journal.
Lejos de cumplir con los objetivos de doblegar a los Gobiernos, las sanciones impuestas por Estados Unidos a otros países sí provocan perjuicios y víctimas civiles de manera sistemática, denuncian sistemáticamente algunos analistas del país norteño.
Así se desprendió también de unas declaraciones de la secretaria del Tesoro de la nación norteña, Janet Yellen, que en fecha reciente afirmó cómo las políticas punitivas contra Irán, por ejemplo, simplemente no funcionan en su ambición de promover un cambio político.
Esta fue una admisión bastante significativa, según un análisis publicado en el sitio del Quincy Institute for Responsible Statecraft, ya que esa funcionaria encabeza la agencia gubernamental responsable de desarrollar e imponer los regímenes de sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos.
Tal y como reconoce el Centro de Investigación Económica y Política de Estados Unidos, el bloqueo que pesa por más de 60 años contra Cuba es uno de los más antiguos y estrictos de todos los regímenes de sanciones implementado por Washington.
Después de una breve relajación bajo la administración de Barack Obama (2009-2017), las medidas coercitivas se endurecieron y ampliaron bajo Donald Trump (2017-2021), una política que el presidente, Joe Biden, mantiene en su mayor parte.
Cuba, por su parte, denuncia de manera constante los efectos intimidatorios y extraterritoriales del bloqueo que afecta incluso a las entidades y ciudadanos estadounidenses.
La isla cuenta con el apoyo casi unánime de la comunidad internacional en su lucha por levantar el cerco cuyo propósito es llenar de penurias al pueblo.
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