En su reporte anual sobre el tema, la autoridad independiente lamentó la situación que impera en las cárceles y “la inercia culpable” del Gobierno, la cual definió como apatía, inmovilismo e inacción, conclusiones derivadas de la visita a casi una treintena de instalaciones de diversos tipos, incluyendo una destinada a menores de edad.
Según el documento, en todos los recorridos realizados para el informe se constató una sobrepoblación de al menos el 135 por ciento, con tres establecimientos en los que ese problema supera el 200 por ciento.
Como resultado, Simonnot alertó sobre las “situaciones explosivas” derivadas, en particular la violencia y la confrontación, y reconoció la profesionalidad de los vigilantes para en muchos casos impedir males mayores.
Asimismo, cuestionó las condiciones de los locales, con críticas a la seguridad, los riesgos de incendio, las altas temperaturas y la intimidad de los detenidos, además de la alimentación.
A su juicio el escenario pudiera llegar a constituir un “tratamiento indigno” de las personas encerradas.
De acuerdo con el reporte de la contralora, no existe una prisión en la que no esté amenazado algún derecho.
La inercia es un muro contra el que chocan nuestras alertas incesantes acerca del estado deplorable de los sitios que visitamos, fustigó Simonnot.
El documento recoge recomendaciones para atenuar los problemas detectados y su impacto, medidas que considera de urgente implementación.
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