Después del estallido social de 2019, el país comenzó un proceso para cambiar la ley fundamental vigente desde el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990), que acentuó las desigualdades sociales e implantó un modelo neoliberal donde el Estado juega un papel subsidiario.
Un primer proyecto fue rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre pasado y ahora en el segundo intento será el Partido Republicano, de extrema derecha, quien dominará al grupo encargado de elaborar el nuevo texto.
Lo paradójico del tema es que esa formación política se opuso a firmar el Acuerdo por Chile para modificar la carta magna de Pinochet y, sin embargo, fue la que más escaños obtuvo en los comicios para elegir a los 51 representantes del Consejo Constitucional.
En esa contienda, el partido liderado por el excandidato presidencial José Antonio Kast logró 23 asientos, a los que se suman 11 de la derecha tradicional, con lo cual puede vetar cualquier normativa, e incluso, rechazar propuestas aprobadas previamente por la comisión de expertos.
La coalición de izquierda Unidad para Chile, integrada por el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Socialista y otras agrupaciones, quedó en segundo lugar con 16 puestos, y tiene pocas posibilidades de decisión en el proyecto.
“Hay un riesgo para el futuro democrático del país”, declaró al diario El Siglo el presidente del Partido Comunista de Chile (PCCh), Guillermo Teillier, quien advirtió sobre una batalla dura donde los consejeros de esa organización tendrán que poner todo de su parte.
El PCCh fue el partido con más votos dentro de esa alianza de agrupaciones de Gobierno.
Ante la dominación de la ultraderecha en el proceso constituyente, la expresidenta chilena Michelle Bachelet pidió esperar a conocer la propuesta antes de echar por tierra su totalidad.
Bachelet llamó a todos los consejeros a estar a la altura de las necesidades del país, y expresó su esperanza de que la nueva carta magna pueda fortalecer y profundizar la democracia y garantizar libertades y derechos para todos.
El Grupo de Puebla, integrado por líderes de 16 países de Latinoamérica y de España, manifestó su profunda inquietud por la dirección que puede tomar el debate constitucional chileno tras el triunfo de la ultraderecha.
“Entendemos los resultados de estas elecciones como una alerta temprana sobre los peligros que se ciernen por el evidente avance de la derecha reaccionaria”, advirtió el foro en un comunicado.
La organización llamó a la unidad de los sectores progresistas para cerrar filas en la defensa de las conquistas sociales que tanto demandan los chilenos.
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