La fiscal Fátima Capurro negó, además, que haya menores ni indígenas entre esas personas arrestadas tras el despeje por unos dos mil agentes de la capitalina avenida Eusebio Ayala y otras vías y áreas circundantes al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
El Ministerio Público respondió en rueda de prensa de forma negativa mediante esa funcionaria a rumores circulados por las redes sociales sobre desapariciones o decesos de ciudadanos desalojados del lugar.
Capurro aseguró que hasta el momento su cartera, que trabaja junto a la Defensoría del Pueblo, desconoce que haya informes ni reportes oficiales al respecto, excepto las menciones en las redes sobre esos supuestos hechos.
La fiscal precisó que los supuestos líderes e instigadores de la manifestación frente al TSJE, «cuya orden de captura está vigente desde el fin de semana», estaban ausentes en el momento del procedimiento, por lo que no figuran entre los 14 detenidos.
Según la agente judicial, los agentes realizan un arduo trabajo de identificación para determinar quiénes son los presuntos instigadores de los participantes en las protestas, los trajeron o los financiaron.
Los fiscales de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Seguridad y la Convivencia de las Personas analizan aún –aseguró- las figuras legales por las cuales serán procesados los detenidos, aunque puede ser por perturbación de la paz pública, resistencia y amenaza de hechos punibles.
La acción policial durante los dos últimos días desplazó de las inmediaciones del TSJE a los descontentos contra los comicios, cuyos sufragios proclamaron ganador al excandidato Santiago Peña, de la gubernamental Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado, con un 42 por ciento de los votos.
El TSJE transmitió el viernes su negativa a recontar los votos de las elecciones y a convocar a una auditoría internacional a las máquinas de votación y su sistema operativo, solicitada por varios partidos políticos.
Un Auto Interlocutorio del Tribunal argumenta que el escrutinio de unas elecciones generales debe realizarse en el mismo sitio de la votación por parte los miembros de mesa y no en un lugar privado con solo algunos de los actores políticos.
La instancia comicial expresó mediante ese tipo de declaración, una providencia procesal sin necesidad de sentencia sobre derechos de las partes, que admitir un recuento “es comprometer y dejar en tela de juicio todo el proceso del escrutinio primario de las autoridades de mesa”.
Ambas exigencias son demandadas por el Partido Cruzada Nacional, liderado por el excandidato Paraguayo Cubas, quien ocupó el tercer lugar de las elecciones (23 por ciento de votos), y por la opositora Concertación Nacional del excandidato Efraín Alegre (28 por ciento de sufragios), junto al Partido Liberal Radical Auténtico.
Las protestas iniciadas el primero de mayo por Cubas y sus seguidores, solo horas después de concluidos los comicios del 30 de abril, incluyeron actos violentos como destrucción de ambulancias y vehículos policiales y fueron reprimidas por agentes anti-motines.
rgh/apb
