Según explicó el presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, Alfonso Noya, la normativa tiene como objeto regular el sistema de la comunicación para la gestión estratégica e integrada en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales.
Pretende, además establecer los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social en el país.
Subrayó que esta versión, la número 34, es más sólida, madura e integral que la entregada en el mes de diciembre a la Asamblea Nacional y cuenta con un nivel superior de consenso académico, profesional y social, logrado sobre la base del diálogo y la atención a cada opinión.
El nuevo proyecto registra 69 cambios de contenido y forma, que representan un 59,48 por ciento de transformación respecto al texto original de la versión 33 sometida a la segunda consulta con los diputados.
Explicó a los diputados que la propuesta se sustenta en los principales pronunciamientos, acuerdos y documentos programáticos emanados de los diferentes congresos del Partido Comunista de Cuba, y responde de manera coherente a la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno de la isla.
En el orden jurídico, el proyecto respalda el papel decisivo de la comunicación social en la sostenibilidad y prosperidad de la nación y la voluntad política del Estado que la considera un pilar esencial de su gestión.
Recordó que la creación de la norma, inicialmente como Decreto-Ley, es el resultado de un amplio y riguroso proceso de construcción colectiva en el que participaron profesionales y expertos de diferentes disciplinas, organizaciones e instituciones.
Del proceso se derivaron mil 426 opiniones y un grupo de consideraciones recibidas a través del correo electrónico y otras vías digitales, este aporte generó transformación en el 79,71 por ciento de los artículos originales del anteproyecto consultado.
Se elevó a 7 mil 496 el número de personas procedentes de diversos sectores, profesiones y organizaciones, que intercambiaron de manera presencial con el equipo redactor del proyecto.
Adicionalmente, se atendieron y tuvieron en cuenta criterios de los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior y de Relaciones Exteriores.
El proceso abarcó también encuentros con personas que se convocaron para dialogar sobre sus preocupaciones acerca del contenido del proyecto, en estas conversaciones primó un ambiente constructivo.
Propuso además realizar una evaluación anual en el Consejo de Ministros sobre la implementación de la norma.
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