El ministro de Justicia, Oscar Silvera, al presentar la propuesta a los diputados resaltó que su diseño tomó en cuenta las experiencias vividas durante el mandato anterior, cuando el Parlamento dio curso a 35 normativas y 86 decretos leyes.
Añadió que todo ello forma parte del desarrollo de la Constitución de 2019, pero también son necesidades de la implementación de las transformaciones en el modelo económico y social cubano.
Silvera enumeró como principales retos de la etapa que se abre, la garantía de la calidad de los cuerpos legales, que deben contar con un alto rigor científico; así como propiciar el cumplimiento del cronograma y que haya cada vez mayor consenso social.
De igual modo, señaló el cuidado que debe primar para que ninguna norma complementaria limite o viole el alcance y sentido de las leyes y decretos leyes; y cumplir con la publicación de los textos en los términos establecidos en la Gaceta Oficial de la República.
La esencia, sin embargo, estará en hacer valer todas las disposiciones jurídicas, algo en lo que insistió el presidente del Legislativo, Esteban Lazo.
El titular de Justicia explicó que la propuesta tomó como fuentes las normas previstas para el 2022, y que por disímiles motivos tuvieron que pasar a la X Legislatura, además de las solicitudes de varias instituciones para la elaboración de textos que permitan la actualización del ordenamiento jurídico cubano.
En total deben discutirse 53 leyes, 16 de las cuales provienen del cronograma legislativo anterior, y una se deriva de un decreto ley que se aplazó y decidió elevarse a un rango superior, que es la relativa a la Administración Financiera del Estado.
En cuanto a los decretos leyes, se valora la aprobación de 29, cuatro de ellos que pasan desde la legislatura precedente.
Entre las normativas que deben valorarse este año están las de Salud Pública; de Atención a quejas y peticiones; de Ordenamiento de la migración interna; de Transparencia y acceso a la información; la relativa a la Migración y pasaporte; así como las leyes de Extranjería y la de Empresas.
En tanto, entre las calendarizadas para el 2024 están las correspondientes a Ciudadanía; Identidad; de la Vivienda; del Estado Civil; de Seguridad Social; de Formas asociativas, y los códigos de Contravenciones, del Trabajo, y de la Niñez, infancia y Juventud.
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