La nueva normativa preocupa en Bruselas por su posible instrumentalización contra la oposición al actual ejecutivo conservador polaco, encabezada por el ex primer ministro Donald Tusk (2007 y 2014).
El proceso es calificado como expedito teniendo en cuenta que las primeras preocupaciones de Bruselas sobre el tema fueron expresadas el pasado martes, cuando el comisario de Justicia Didier Reynders declaró que era imposible estar de acuerdo “con un sistema sin acceso real a la justicia, sin un juez independiente contra una decisión administrativa”.
En carta enviada a Varsovia el político belga expresó que la nueva ley plantea serias dudas en cuanto a su conformidad con el derecho de la UE, pues otorga importantes poderes a un órgano administrativo que podrían utilizarse para inhabilitar a personas para cargos públicos.
Por su parte, Tusk calificó como caza de brujas que viola la Constitución a la comisión que investigaría la supuesta influencia rusa en los Gobiernos que él presidió y que contaría con poderes extraordinarios para registrar, interrogar y castigar a cualquier persona que hubiese ocupado un cargo público en esos años.
De igual forma, podría inhabilitar para esa función y retirar la inmunidad a quienes encuentre culpables.
En ese contexto, y dado el alcance de las investigaciones y su posible instrumentalización contra la oposición política, se generó gran polémica en la escena polaca, y tanto la UE como el Gobierno de Estados Unidos expresaron “preocupación” por su supuesto alcance y posibles consecuencias para la democracia.
Cabe destacar que Polonia es el más fiel aliado de la UE y Occidente en su arremetida contra Rusia y figura entre los países con más sanciones emitidas contra el gigante eslavo, tras el lanzamiento de la operación militar especial en el Donbass, en febrero de 2022.
Su territorio alberga gran cantidad de efectivos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el presidente Andrzej Duda es un firme opositor a Moscú.
No obstante, este país rechazó hoy lo que calificó de pretensiones de convertir a la UE en un superestado y recordó que esa organización es solo una unión de países independientes, según la prensa local que citó declaraciones de Petr Muller, portavoz del Gobierno encabezado por el primer ministro Mateusz Morawiecki.
Sus palabras aluden a una decisión adoptada la víspera por el Tribunal de Justicia Europeo, según la cual una reforma judicial puesta en práctica en diciembre de 2019 viola las regulaciones del bloque comunitario.
Por tal motivo, la Comisión Europea exigió en octubre de 2021 a esta nación el pago de una multa ascendente a un millón de euros diarios por mantener en activo la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, una práctica que la UE considera una amenaza para la independencia de los jueces.
Los cuestionamientos de la UE a su aliado tienen precedentes no tan cercanos y ahora la conocida como Ley Tusk desató la nueva investigación que, según analistas, tiene carácter político pues coincide, además, con próximas elecciones parlamentarias en este país en otoño a las que se presentará el propio expresidente del Consejo Europeo.
En ese contexto, más de 300 mil personas, según estimaciones independientes, se manifestaron el domingo último en Varsovia contra la política del Gobierno conservador y su nueva ley.
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