Los daños son numerosos y están “bien documentados”, según afirmaron los denunciantes, y entre ellos se incluyen violación de derechos de propiedad, privación de medios de subsistencia, inundaciones provocadas por las obras, indemnizaciones económicas inadecuadas o inexistentes, así como amenazas, acoso y detenciones en caso de oposición.
Apoyados por el defensor de los derechos humanos de Uganda, Maxwell Atuhura, y cinco asociaciones (Afiego, Amigos de la Tierra Francia, Nape/Amigos de la Tierra Uganda, Survie y el Instituto de Investigación Tasha África), 26 miembros de las comunidades afectadas esperan ser indemnizados por los daños provocados por Total Energies.
Estos proyectos petroleros de la multinacional francesa, iniciados hace seis años, tienen el objetivo de extraer más de 190 mil barriles diarios, mediante un pozo en Uganda (Tilenga) que invade el parque natural Murchison Falls, y transportarlos a través de un oleoducto (EACop) de mil 443 kilómetros de longitud, para llevarlos a la costa de Tanzania.
Cerca de dos mil km2 de hábitat natural protegido, 35 ríos y dos lagos están amenazados por Tilenga, que ya privó de sus tierras a unas 118 mil personas, “esta nueva batalla es la de aquellos cuyas vidas y derechos han sido pisoteados por Total”, afirmó Juliette Renaud, activista de Amigos de la Tierra Francia.
Por su parte, el director de Nape/Amigos de la Tierra Uganda, Frank Muramuzi, consideró inaceptable que “las compañías petroleras extranjeras continúen obteniendo grandes ganancias mientras las comunidades afectadas por sus proyectos en Uganda son acosadas, desplazadas, mal compensadas y viven en la más absoluta pobreza».
A pesar de que los grupos ecologistas apelan a la ley sobre el deber de vigilancia, que obliga a las multinacionales a prevenir los riesgos que sus actividades suponen para los derechos humanos, la salud y el medio ambiente, el tribunal de París desestimó en febrero una demanda similar, presentada por seis ONG francesas y ugandesas que pedían la suspensión de Eacop.
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