Agentes de la Infantería y la Caballería de la región noroccidental de Perico reprimieron las protestas, después de que pobladores descontentos retomaron el corte de la ruta nacional 66, tras dos días seguidos de violencia.
La resistencia de los agentes fue quebrada cuando los manifestantes rompieron una valla policial humana formada para impedir que estos ingresaran a la ruta para mantener el cierre del tráfico, que solo abren cada 30 minutos para el paso de rubros vitales, en acuerdo con la Gendarmería Nacional.
Los agentes rodearon a los campesinos, docentes, trabajadores y otras personas que permanecían en el corte de la citada vía, a la altura de la finca El Pongo, en rechazo a la reforma de la Constitución provincial.
“Tenemos derecho a manifestarnos y también a dejar que la gente circule. No estamos haciendo un corte total, es parcial. Vamos a definir en asamblea sobre la permanencia”, explicó un líder de los «piqueteros» bajo condición de anonimato.
Los textos de las pancartas portadas por los movilizados aluden con frecuencia a su rechazo a la reforma constitucional, “porque una ley de esta naturaleza tiene que ser para dar más derecho, no para quitar», de acuerdo con otro entrevistado.
Por su parte, el productor rural de la zona de El Pongo Edgardo Arrueta se preguntó dónde quedan con esta reforma las personas como él “sin títulos de propiedad de las tierras en las que siempre vivimos”, en alusión a un artículo de la ley que desconoce a esos grupos.
De otro lado, productores rurales criollos e integrantes de la comunidad aborigen Kolla Suyo Marka, de El Pongo, en la propia jurisdicción de Perico, dirigieron una carta abierta al presidente Alberto Fernández pidiendo la «urgente intervención federal».
Las manifestaciones comenzaron en la provincia por el sector de los maestros, que solicitan mejoras salariales, y luego devinieron masivas y abarcaron a la mayoría de los gremios, sobre todo por la decisión del gobernador Gerardo Morales de extremar y legalizar la represión.
Los actos violentos contra el rechazo al texto constitucional, en especial por legitimar la violencia, prohibir las protestas y lesionar derechos indígenas sobre la propiedad de la tierra, fueron rechazados por el Gobierno, tras culpar Morales de los hechos a sus líderes.
«Usted -respondió el presidente Fernández- es el único responsable de llevar a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación-límite, al tratar de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional».
Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó al gobernador a detener “la locura represiva que su propio accionar desata. Lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe. Pareciera –subrayó- que la represión salvaje está en su ADN».
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