“Persiguen a los que denuncian. Estamos preocupados porque están apareciendo otros casos similares», declaró a esta publicación la letrada, quien defiende a dos hermanos de apellido Domínguez bajo presión policial y allanada su casa luego de ser liberados.
«Es un proceso de persecución y hostigamiento por las denuncias que hicieron sobre los apremios ilegales que sufrieron durante los tres días en detención” por manifestarse contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, puntualizó la abogada.
«Claramente, el allanamiento denunciado es una continuación de la tortura recibida y un acto de intimidación hacia toda la familia», expresó el texto del hábeas corpus presentado por la defensora Cejas, tras la desaparición de los jóvenes, durante horas presos sin saber nadie su paradero.
Según Página/12, la represión en Jujuy contra las protestas y bloqueos viales, que persisten este jueves en rutas principales de la ciudad y la región, tomó forma en allanamientos como el referido, así como en la apertura de causas contra los movilizados.
La publicación reveló que uniformados de la Comisaría 56 de Alto Comedero detuvieron a Marcos Domínguez sin orden judicial y lo acusaron de narcotráfico, después de este salir libre de su arresto del 20 de junio junto a su hermano por participar en las protestas, luego de formular denuncias sobre torturas.
Por su parte, la madre de los Domínguez denunció ante la televisión los maltratos y tormentos contra sus muchachos durante el tiempo en que estuvieron presos.
La mujer reveló ante las cámaras que su hijo Marcos fue golpeado, casi asfixiado al colocar su cabeza en un balde con agua y obligado permanecer seis horas de rodillas.
Los Domínguez enviaron esa acusación a una Misión de Solidaridad y Derechos Humanos que actuó en Jujuy ante las acciones represivas, que implicaron el uso de balas de goma y gases lacrimógenos.
Por otro lado, el Instituto Nacional del Teatro denunció este miércoles agresiones por similares motivos contra la actriz, docente y bailarina Camila Müller.
De acuerdo con Página/12, los nuevos hechos violentos de la administración del gobernador Morales «develan los mecanismos contra la protesta que la Constitución reformada lleva en su esencia, con un concepto bastante peculiar de ‘paz social’ y la afirmación de la criminalización de la protesta como gran objetivo».
Las manifestaciones en la provincia de Jujuy, que comenzaron el 5 de junio por el sector educacional y luego sumaron a la mayoría de los gremios, fueron reprimidas con extrema violencia por las autoridades locales.
Los bloqueos a principales rutas persisten en céntricos nudos viales de la región, mientras la acción de los uniformados se concentra cada vez más en presionar y amenazar a los exdetenidos.
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