A su llegada a territorio francés siete de las mujeres quedaron bajo custodia policial en ejecución de sus órdenes de búsqueda, las otras tres “serán presentadas ante un juez de instrucción a lo largo del día de hoy”, señaló la Cancillería, mientras que los menores fueron entregados a los servicios de protección de la infancia.
Estas mujeres, ciudadanas francesas, viajaron voluntariamente a los territorios controlados por el Estado Islámico de la zona de Iraq y Siria, y posteriormente fueron capturadas tras la derrota del grupo yihadista en 2019.
A pesar de las malas condiciones de salubridad en las que se encontraban las mujeres y los hijos de combatientes islamistas en los campamentos de prisioneros, Francia se negó a repatriarlos alegando que los adultos debían ser juzgados en el país en el que se encontraban, mientras que el retorno de los menores se juzgaría caso por caso.
La presión y las denuncias de Naciones Unidas, instituciones internacionales, organizaciones de Derechos Humanos y órganos consultivos franceses hicieron que el ejecutivo de París modificara su posición y diera comienzo a repatriaciones colectivas.
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