Lay Trujillo, fiscal jefa de la Dirección de Protección a las Familias y Asuntos Jurisdiccionales, explicó en conferencia de prensa que hasta mayo del presente año los juristas participaron en dos mil 105 procesos, cifra que supera a la de similar etapa de 2022.
Destacó que esa tendencia obedece también a la Constitución de la República en 2019 y la reforma procesal, textos que reformulan concepciones preexistentes sobre asuntos familiares y civiles, entre otros tópicos.
Subrayó que el Código de las Familias, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) el 22 de julio del pasado año modifica e incrementa la participación del fiscal.
Los profesionales del derecho, agregó, tienen una activa presencia en procesos de divorcio, reclamaciones de guarda, cuidado y alimentos.
“Los aportes de los fiscales en los procesos de guarda y cuidado de los hijos han sido determinantes para las decisiones posteriores del tribunal”, explicó
Asimismo han intervenido en solicitudes de guarda y cuidado entre hermanos, así como en procesos de reclamación de parentesco socioafectivo entre personas allegadas, pero sin vínculo consanguíneo, abundó.
Trujillo ejemplificó que el fiscal puede impugnar la maternidad o paternidad, interviene en todos los asuntos relacionados con el divorcio, en especial cuando hay un menor producto de la unión.
Además, puede solicitar el regreso de la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental, tiene un papel más amplio en los procesos de adopción, así como en las rendiciones de cuenta de tutores ante los tribunales.
Comentó que la fiscalía cubana desarrolla múltiples actividades de preparación para sus juristas, en especial en procesos donde se vela por el interés superior del niño.
El Código de las Familias, también denominado como código de los afectos busca la realización de la persona, no solo a partir de la consanguinidad, sino también en el buen comportamiento, en las atenciones y cuidados, y en la solidaridad.
Reconoce, además, a la dignidad como valor supremo y fundamento del resto de los derechos reconocidos en la Constitución de la República
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