El trasfondo de las iniciativas fue una sentencia del Tribunal Constitucional en 2020, que anuló en su momento la prohibición de funcionamiento en el país de organizaciones de asistencia a esa alternativa.
La sentencia abrió una puerta al establecimiento de servicios organizados de asistencia al suicidio, pero exigió que fuesen regulados por el Bundestag (Cámara Baja del Parlamento).
Ambas propuestas pretenden establecer condiciones y requisitos sobre plazos y obligaciones de asesoramiento para regular el suicidio asistido para adultos.
La Fundación Alemana para la Protección del Paciente celebró el rechazo de las propuestas.
Fue acertado que el Bundestag votara sobre el suicidio asistido organizado y decidiera en contra de ambos proyectos, dijo a la prensa Eugen Brysch, titular de esa organización, quien pidió que los diputados no demoren en aprobar una ley eficaz de prevención contra ese flagelo, que incluya atención psicológica inmediata a quien lo solicite, tratamiento y servicios de terapia de proximidad.
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