El proceso investigativo iniciado el 20 de mayo por la Fiscalía contra la Fundación Violeta Barrios (que cesó operaciones en febrero) condujo el miércoles a la detención domiciliaria de la principal implicada, Cristiana Chamarro, quien se desempeñó como representante de la ONG.
A la par el Ministerio Público continuó las citatorias a más de una decena de personas en representación de medios de comunicación y otras empresas que recibían financiamiento o estaban vinculadas con la Fundación.
Al propio tiempo, medios de la izquierda insistieron en la revelación de la cantidad de dinero que recibió la Fundación durante últimos 10 años de fuentes como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), a fin de emplearlos en el fallido golpe de estado de 2018 y otros actos de desestabilización.
El 5 de febrero Cristina Chamorro cerró las operaciones de la Fundación a fin de no cumplir con los preceptos establecidos por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual establece la obligatoriedad de inscribirse ante el Ministerio de Gobernación a las personas naturales o jurídicas que reciban fondos desde el exterior.
El viernes resultó ampliamente divulgada una nota de la agencia de noticias rusa Suptnik que recogía declaraciones del gerente general del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov, Stanislav Uiba.
En el contexto del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Uiba anunció que la institución científico-productiva ruso-nicaragüense instalada en Managua en 2016 está en condiciones de convertirse en un importante proveedor de vacunas contra la Covid-19 para Latinoamérica.
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