Las tensiones escalaron la víspera, cuando el jefe de la Dirección General de la Policía, Frédéric Veaux, declaró al diario Le Parisien que “no podía dormir” desde que supo del encierro del uniformado en Marsella, a raíz de una investigación por violencia durante los disturbios de principios de julio por la muerte del adolescente Nahel en un control policial en Nanterre.
De manera general, yo considero que ante un eventual proceso, un policía no tiene cabida en la prisión, aun cuando haya podido cometer faltas o errores graves en el contexto de su trabajo, subrayó Veaux.
Estos comentarios recibieron el respaldo del Prefecto de París, Laurent Nuñez, disparando los cuestionamientos y las críticas por el silencio del Gobierno, en particular de la primera ministra, Élisabeth Borne, y del ministro del Interior, Gérald Darmanin.
Para el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, la posición asumida por la jerarquía policial es “gravísima”, al colocarse por encima de la justicia y de las normas de la detención preventiva.
Están en juego la democracia y el respeto al Estado de derecho, advirtió en su cuenta en Twitter el diputado, quien exigió una respuesta a Darmanin y una reunión de urgencia del Parlamento.
También el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, fustigó la postura mostrada por Veaux y Nuñez y reclamó al presidente Emmanuel Macron y al titular del Interior llamar a la Policía a la calma y al apego a la ley.
La muerte de Nahel a finales de junio a manos de un agente en un control policial en Nanterre, en la Región Parisina, desató protestas en toda Francia, que incluyeron disturbios con millonarias pérdidas, sobre todo por la quema de vehículos y de instalaciones.
El policía detenido en Marsella es sospechoso de golpear a una persona en el contexto de las manifestaciones en rechazo a la muerte del adolescente de 17 años.
Según diversos reportes, varios de sus compañeros en la sureña ciudad se han acogido al paro médico para no cumplir sus funciones de orden público, mientras otros adoptaron un código interno que solo garantiza actuar frente a situaciones excepcionales.
La crisis parece escalar ante las reacciones de sindicatos de uniformados y la vuelta a la palestra del tema de la violencia policial, que en el escenario de la muerte de Nahel generó una alerta de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la cual instó al Gobierno a ocuparse del asunto.
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