El proyecto es fruto de la colaboración entre el sector público, el privado y el mundo científico y comenzará en una zona donde habitan más de dos millones de personas y en la que se concentran los mayores índices de vulnerabilidad socio delictual.
La idea es conectar todas las cámaras de videovigilancia de entidades como los municipios, el gobierno regional, las autopistas, el metro, los centros comerciales y estacionamientos a una plataforma común que será seguida por el Centro de Operaciones y Comunicaciones de Carabineros.
Esto permitirá el reconocimiento facial de personas prófugas o desaparecidas, así como de vehículos robados o utilizados para cometer delitos.
Los carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público tendrán acceso a las imágenes para generar evidencia en los procesos judiciales o bien actuar de manera preventiva.
Tras la firma de los contratos que requiere la Inteligencia Artificial, se espera que el despliegue del sistema se concrete durante 2024.
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