Según el comunicado difundido, se presentó ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) los fundamentos contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de retomar la investigación en el asunto denominado Venezuela I, “sobre la base de una falsa acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
Especificó el texto divulgado que desde 2018 la nación denuncia y demuestra que el proceso iniciado ante la CPI se inscribe dentro de la estrategia de cambio de régimen impulsada por potencias extranjeras.
Además, durante todo el curso del denominado Examen Preliminar, que no se realizó conforme a los parámetros del Derecho Internacional y del Estatuto de Roma, se impidió a Venezuela ejercer su derecho a la defensa, negándosele el acceso a la información sobre los hechos que eran evaluados por la Fiscalía de la CPI, remarcó.
En esta ocasión, en el recurso de apelación, se argumentó que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de fecha 27 de junio de 2023, incurrió en seis errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional, resultando por tanto contraria a la verdad y la justicia, continuó.
Señaló el comunicado que, entre las graves violaciones denunciadas, se alegó cómo la Sala de Cuestiones Preliminares desechó -sin fundamento- la mayor parte de las pruebas presentadas por Venezuela que demuestran la profusa labor del Sistema de Justicia en la investigación y sanción de delitos contra los derechos humanos.
“El Gobierno de la República Bolivariana reitera que continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles en el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación, contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la CPI con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser”, concluyó.
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